Colombia: una elección plagada de problemas

El domingo 13 de marzo Colombia llevó a cabo elecciones legislativas donde además se realizaron consultas primarias para seleccionar el candidato presidencial de las 3 principales coaliciones políticas del país. Unas horas después del cierre de la elección, se anunciaron resultados que favorecían al Pacto Histórico (izquierda), colocándolo como primera fuerza en el Senado, junto con el Partido Conservador Colombiano.

Poco más de una semana después, en el escrutinio definitivo cerca de 400 mil votos adicionales fueron anunciados para el partido Pacto Histórico, que en consecuencia pasó de obtener 16 senadores a 19. Esto en detrimento del Partido Conservador, La Alianza Verde y el Centro Democrático, que perdieron cada uno un senador.

Nos encontramos entonces con una discrepancia histórica del 7% entre resultados de preconteo y resultados oficiales —lo usual, o lo “normal”, es de menos del 1 %—. Este tipo de discrepancia es inaceptable en cualquier proceso electoral moderno, pero se agrava por el hecho de ocurrir en uno de los momentos de mayor tensión política en Colombia en las últimas décadas.

Un desastre anunciado

Desde hace varios años se ha intentado introducir automatización electoral en las elecciones de Colombia. La legislación del país no sólo lo permite, sino que el artículo 58 del Código Electoral vigente así como el nuevo código electoral aprobado en 2020 (y que aún no entra en vigencia) en su Título XI, ordenan y reglamentan el uso de tecnologías modernas para optimizar todos los procesos de la elección, incluyendo el voto y la divulgación de resultados.

La automatización electoral no sólo facilitaría el voto y reduciría errores por parte de los electores, evitando una importante cantidad de votos nulos, sino que permitiría tener resultados oficiales el mismo día, evitando el engorroso y costoso proceso de preconteo; que hace del costo por elector de una elección en Colombia uno de los más altos de la región.

Lamentablemente Colombia no ha ejecutado nunca un proceso serio orientado a modernizar el sistema electoral. Durante casi 15 años la Registraduría ha hecho múltiples convocatorias a proveedores tecnológicos para voto electrónico o conteo automatizado de boletas, para evaluar pruebas de concepto, pero distintas trabas han paralizado el avance de esto.  

A pesar de que se ha alertado en varias ocasiones de lo riesgoso y vulnerable que es mantener un proceso de preconteo tan dependiente de controles manuales, y de irregularidades que ya hemos visto en distintas ocasiones (una de las más recientes en 2014, además de la actual en 2022), la Registraduría ha decidido mantener sus procesos electorales tradicionales, contando además con el mismo proveedor tecnológicos de manera consistente.

Esta misma empresa anunció antes de la elección, que el entrenamiento y capacitación para los jurados de votación había alcanzado el 80% de los participantes, dejando al 20% de estos jurados sin instrucción clara de cómo llevar a cabo los procesos de conteo y llenado de actas, incluyendo los procesos de preconteo.

El único proceso que se ha modificado para 2022 está relacionado con el escrutinio. En esta elección se utilizó un software de la empresa Indra, firma española en la que el gobierno de España mantiene una participación accionaria del 30 %, que permite consolidar la información electoral para su posterior procesamiento. Debido a las discrepancias encontradas precisamente en la etapa del preconteo la empresa actualmente se encuentra en el ojo del huracán.

Falta de transparencia

A todos los problemas técnicos en el despliegue de los procesos electorales, se suman diversos tipos de acusaciones de falta de transparencia durante toda la elección.

En primer lugar, el Pacto Histórico señala desaparición de votos que simplemente se mostraban en cero en un número importante de actas, lo que levanta sospechas de posibles irregularidades.

Una semana después aparecen estos nuevos votos en el proceso de escrutinio definitivo, y ahora las sospechas de irregularidades vienen del extremo político opuesto. Estas sospechas aumentan cuando se señala que el candidato Gustavo Petro se habría reunido con representantes de Indra durante la campaña.

Ante las inconsistencias producidas, los partidos políticos afectados piden que se haga un recuento de votos, y esta vez la coalición favorecida se niega, alegando que no es posible garantizar la custodia de los votos.

Con la situación tal como se presenta es imposible saber con certeza quien tiene la razón en estas acusaciones. El escenario más probable es que se haya tratado de fallas en la transcripción de resultados, deliberados o involuntarios, pero lamentablemente no existe manera confiable de garantizar la cadena de custodia de la información una vez que se ha presentado el escrutinio definitivo.

Créditos de imágenes:
Registraduría Nacional del Estado Civil
Razón Pública (cc)
Policía Nacional de Colombia (cc)