El dinero en la política
¿Como es el financiamiento de campañas políticas en diferentes países?
En época de campañas electorales es común escuchar hablar acerca de la incidencia del dinero en la política y como debería prohibirse o limitarse que grupos económicos poderosos tengan influencia en las decisiones políticas importantes que afectan a toda la población.
Evidentemente para que los partidos políticos funcionen necesitan dinero, no sólo para actividades de proselitismo y campañas en cada proceso electoral, sino también para sus operaciones continuas, pagos de sedes y oficinas regionales, servicios, empleados, organización de eventos, entre otras cosas.
Pero cuando hablamos de campañas políticas en particular, ¿de dónde provienen los recursos que emplean los partidos durante los meses que duran estas campañas?
Principales formas de financiamiento
La forma más común de financiamiento es aquella que proviene de aportes individuales, es decir, personas (naturales o jurídicas) que por cuenta propia deciden donar un monto determinado a la campaña de un candidato o partido político. El valor máximo de estos aportes puede o no estar limitado de acuerdo a las leyes en cada país.
Otra forma de obtener financiamiento es a través de grupos o comités, que por lo general apoyan políticas que le son convenientes a sus intereses. Estos grupos pueden estar conformados por personas que tienen intereses comunes y a la vez representar a organizaciones más amplias, ya sean sindicatos, gremios, círculos profesionales y empresariales, o corporaciones, entre otros.
También es muy común el financiamiento que otorgan entes estatales y que puede asignarse directa o indirectamente a cada organización o partido político que cumpla con diversos parámetros, de acuerdo a la legislación de cada país.
Algunos casos de estudio de financiamiento de partidos políticos
En los Estados Unidos de América, el financiamiento es cien por ciento privado, es decir que no hay aportes por parte del estado. Las contribuciones pueden ser individuales hasta un máximo de 3300 dólares americanos (USD) por campaña (monto al 2023). Los Comités de Acción Política o PACs, conformados por electores con puntos de vista coincidentes en determinados temas, están facultados para aportar montos mayores ya sea directamente a un candidato, a su comité de campaña o al comité del partido.
En el caso de los llamados Super-PACs, estos pueden aceptar y a la vez gastar cantidades ilimitadas, apoyando u oponiéndose, de manera indirecta, a las políticas de candidatos durante elecciones federales; sin posibilidad de donar a candidatos o partidos, ni abogar expresamente en favor o en contra de estos, tampoco pueden coordinar sus actividades. Esto quiere decir que pueden apoyar una medida que también sea apoyada por un candidato y hacer referencia a ello, pero no llamar a votar directamente por ese candidato.
Las contribuciones y gastos de los PACs y Super-PACs se divulgan públicamente. Esto no ocurre con los llamados “grupos de dinero oscuro” (dark money), los cuales también hacen defensa de diversos temas que influyen en las campañas electorales, pueden aceptar contribuciones ilimitadas, y aunque no pueden contribuir directamente con un candidato, si pueden hacerlo a un Super-PAC. El autofinanciamiento de los candidatos es también una ocurrencia frecuente.
En Canadá los partidos políticos y los candidatos se financian tanto de forma privada como pública. El dinero de contribuciones privadas directas solo puede provenir de personas naturales y hasta un máximo de 1500 dólares canadienses (CAD) para cada partido, asociaciones, o candidatos, monto que puede aumentar en 25 CAD cada año. Las empresas pueden hacer contribuciones a terceros siguiendo normas y límites estrictos. Los políticos deben revelar los nombres de cualquiera que done más de 200 CAD. El estado concreta su aporte a través de reembolsos de hasta el 50 % de los gastos electorales, según los porcentajes de votos nacionales o distritales obtenidos por cada partido o candidato. Estos parámetros varían según la provincia y el territorio.
En Argentina las campañas electorales reciben financiación del estado a través del Fondo Partidario Permanente y solo los partidos que cuenten con un número de votos en la elección anterior equivalente al 1 % del padrón electoral, pueden optar por estos fondos. Igualmente, la financiación privada es válida ya sea a través de donaciones realizadas por medios que permitan la identificación del donante, como también por medio de rendimientos de patrimonio del partido, actividades promocionales o de herencias. La justicia electoral se encarga de fijar los topes máximos de gastos en cada campaña.
En Chile existen diversas opciones de financiamiento que incluyen: aportes fiscales calculados en proporción a votaciones anteriores, solicitar un crédito que se reembolsa según los votos que sumaría en la elección, recibir donaciones de personas naturales y, por último, financiar la campaña con recursos propios del candidato. Las dos últimas opciones tienen un límite máximo permitido.
Colombia aplica un sistema mixto donde el aporte estatal se hace mediante anticipos o reembolsos por votos obtenidos. Los aportes de personas naturales están permitidos hasta un máximo del 20 % del total de la campaña. La financiación con recursos propios de los candidatos, sus cónyuges y familiares directos también están permitidos hasta unos límites que varían según sea el cargo al que se aspira, al igual que recursos propios originados por actividades lucrativas del partido o movimiento.
Ecuador asigna recursos públicos a las organizaciones políticas durante épocas electorales a través del Fondo de Promoción Electoral y como su nombre lo indica, su finalidad es la promoción de los candidatos de forma “equitativa e igualitaria” a través de la propaganda en prensa, radio, televisión, vallas publicitarias y medios digitales. No incluye las redes sociales. Este dinero no es entregado a los candidatos, es manejado por la autoridad electoral quien paga directamente a los prestadores del servicio contratados por los partidos políticos.
Para los demás gastos se hace imprescindible la financiación privada y esta proviene de distintas fuentes, que incluyen a los seguidores de los partidos, el patrimonio del mismo candidato, actividades de promoción, o prestamos del sistema financiero, entre otras. En cada elección se establece un límite de gastos de campaña según el cargo que se disputa.
En El Salvador existe la financiación pública o deuda política, asignada a cada partido de acuerdo al número de votos conseguidos en elecciones anteriores. El resto del financiamiento lo aportan donantes, tanto naturales como jurídicos, partidarios, los candidatos y partidos políticos, y solo puede acreditarse a favor de estos últimos. Los montos de dichos aportes no tienen un límite especifico.
Panamá aplica un mecanismo de financiamiento mixto (privado y público) estableciendo topes máximos en cada modalidad. Antes de cada elección general, el Tribunal Electoral anuncia estos topes máximos los cuales varían según el cargo a elegir. La mayor parte del dinero que proviene del estado, es distribuida entre los diferentes partidos políticos en proporciones que van de acuerdo al número de votos alcanzados en la elección anterior, mientras que otra parte más pequeña, es asignada en montos iguales. Apenas el 7 % del total de financiamiento gubernamental va para los candidatos de libre postulación. La publicidad contratada solo puede pagarse con fondos provenientes del financiamiento público. Los fondos privados son permitidos desde personas naturales y jurídicas.
Venezuela resulta ser un caso particular dado que su constitución prohíbe la financiación de partidos políticos con fondos provenientes del estado, sin embargo, no prohíbe la financiación de campañas electorales con fondos públicos, es así como su Consejo Nacional Electoral está facultado para “financiar parcial o íntegramente la difusión de propaganda electoral en los medios de comunicación de radio, televisión o impresos”. Más allá de esto no existe ninguna otra forma de financiamiento estatal, por lo que el resto de los recursos para llevar adelante campañas electorales corresponden a fondos privados , los cuales no tienen un límite y provienen de personas naturales y jurídicas. No están permitidas donaciones anónimas.
El dinero en la política más allá del atlántico
En Alemania el estado financia a los partidos políticos bajo un límite máximo fijado que no supera los 150 millones de euros. Por ejemplo, por cada voto obtenido los partidos reciben 0,70 euros, además de 0,38 euros por cada euro que hayan percibido como cuota o donación y solo tienen derecho a ello aquellos partidos que hayan obtenido al menos el 0,5 % de los votos en elecciones parlamentarias a nivel europeo o federal o 1 % de los votos a nivel de estado federado.
La financiación privada procede de cuotas de sus afiliados, actividades de promoción y de donaciones las cuales no tiene un límite máximo. Toda la información debe ser declarada y es pública.
España tiene un sistema mixto de financiación. El sector público es quien más aporta a través de subvenciones a los partidos de acuerdo al número de escaños en el congreso y senado, además de otro tanto en función de cada voto obtenido en ambas cámaras. Solo los partidos con representación pueden solicitar estas subvenciones. En una proporción mucho menor, los ingresos privados corresponden a cuotas de los afiliados, aportaciones de los cargos públicos y donaciones las cuales solo están permitidas a personas naturales hasta un máximo de 50 mil euros y en ningún caso pueden ser anónimas.
En Estonia las fuentes de ingresos permitidas durante una campaña electoral provienen del Estado y son asignadas de acuerdo a los porcentajes de votos que obtengan los partidos en elecciones del parlamento. De los privados, se permiten donaciones de personas naturales hasta un máximo de 1200 euros al año; las cuotas de afiliación y los ingresos obtenidos de la propiedad de un partido político. No se permite donaciones de personas jurídicas. La identificación de los donantes es obligatoria. Se permiten los préstamos bancarios.
Existen también organizaciones afiliadas a los partidos políticos, las cuales funcionan como fundaciones o asociaciones sin fines de lucro, y desarrollan actividades en pro de asegurar recursos económicos usados para defender y promocionar sus puntos de vista. En muchos aspectos estas organizaciones deben cumplir con las mismas normas de financiación que rigen a los partidos políticos.
En Francia el principal financista de campañas electorales es el estado y solo las organizaciones con presencia en el parlamento pueden recibir este aporte basándose en los votos obtenidos en las elecciones legislativas y el número de parlamentarios. Los particulares pueden hacer donativos de hasta 4600 euros por año, independientemente del número de candidatos que apoyen en ese periodo electoral. Los partidos además reciben ingresos por cotizaciones de sus afiliados, además de otros ingresos marginales. Las contribuciones de los partidos que llegan directamente a sus candidatos no tienen un límite. Todas las donaciones deben ser declaradas. Las empresas y fundaciones no pueden aportar de ninguna manera en campañas electorales.
En Suecia los aportes provienen de ayudas estatales que se entregan a los partidos según la votación obtenida en la elección anterior. La financiación privada funciona sin mayores restricciones, sin límites de montos y desde distintos tipos de organizaciones o grupos de interés. Las donaciones anónimas están permitidas.
En Filipinas todo el gasto de las campañas electorales tiene su origen en donaciones o aportes que hacen personas y empresas a sus candidatos y partidos; sin límite en los montos, desde los propios familiares y el propio candidato, es legal cualquier cifra aportada. La identidad de los donantes solo es conocida un mes después de las elecciones. Para las campañas, la ley establece límites de gastos por elector registrado y dependen del cargo a elegir. Por ejemplo, un candidato a presidente, no independiente, solo puede gastar hasta un máximo de 50 pesos filipinos por cada elector que este registrado, 40 pesos para vicepresidente y 30 pesos para el resto de cargos. Los candidatos independientes tienen un límite de gastos de 5 pesos por cada elector registrado.
Con la colaboración de Yelitza Morales.
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